Resumen: El TS -en respuesta a la cuestión que presenta interés casacional referida a determinar si, atendidas las circunstancias del caso y la normativa que se predica infringida, resulta ajustada a Derecho la anulación parcial de la disposición de carácter general objeto de litis-, revoca la declaración de nulidad de los arts. 17.1 y 20 en su inciso "o la modificación de los límites de las mismas", pues los mismos se limitan a establecer la competencia del Consejo de Gobierno para la declaración y modificación de las ZEC y ZEPA, de conformidad con el art. 44 Ley 42/2007 (45 tras Ley 33/15), sin contener la regulación del procedimiento. En cambio, confirma la sentencia recurrida en cuanto a la declaración de nulidad de otros preceptos del Decreto (arts. 9.1 y Anexo I, 19 y 22, Disp. Adic. 2ª y apartado 3º del punto 2.6 de las Directrices de Conservación el Plan Director de OTU y Anexo V) en razón a: i) la necesidad del informe de afección en cuanto a especies y hábitats; ii) la fijación de objetivos de conservación no se satisface con las Tablas de inventario a que se refieren los Planes de gestión; y iii) constituye una medida de conservación la exclusión de la transformación mediante urbanización de suelos anteriormente clasificados como urbanizables que resulta incompatible con la declaración del espacio protegido, dejando a salvo el suelo urbano dado su carácter reglado.
Resumen: La Ley 18/2014 establece un nuevo modelo retributivo para las instalaciones de transporte, regasificación y almacenamiento. Establece una metodología de cálculo común para todas las instalaciones de la red básica, que toma como base el valor neto anual de los activos eliminando cualquier actualización del mismo durante el periodo regulatorio. Esta retribución se compone de un término fijo por disponibilidad de la instalación y un término variable por continuidad de suministro. La ley consagra los principios de sostenibilidad económica y financiera, entendido como la capacidad del sistema para satisfacer la totalidad de los costes del mismo. Se rechaza el motivo formulado en torno a la retribución por disponibilidad ya que no se ha acreditado que el ministerio haya errado en el cálculo (punto 2 Anexo XI Ley 18/2014). El informe pericial de KPMG no resulta convincente pues soslaya el anexo XI ley 18/2014 que determina que el nuevo régimen retributivo se aplicará con independencia de la fecha de puesta en marcha del elemento del inmovilizado considerado. Por eso, no es incongruente la aplicación de los coeficientes reductores. Respecto al 2º motivo relativo a las tarifas de alquiler de contadores y equipos de telemedida, no fue necesario nuevo trámite de audiencia, sin que el cambio operado en el concreto punto (no se acredita) tuviese relevancia. Ni en la Ley de sector de hidrocarburos, ni en el RD 1434/02 se exige aprobación formal de metodología. Basta estudio CNMC.
